Por SERGIO SALINAS (junio 2011)
Hace unos cuantos siglos hicieron su aparición las llamadas ciencias sociales, entre las que se suele ubicar el Derecho y al lado la historia y la sociología, entre otras. A la vez, estas ciencias tomaron como modelo a las ciencias naturales y su método científico las inspiró profundamente aunque entre unas y otras existan diferencias abismales.
Y si el Derecho es considerado como una ciencia bien vale la pena hacer un pequeño repaso por sus intersticios más recónditos. Es de aclarar que el Derecho posee tres grandes esferas siendo éstas la creación, la interpretación y su aplicación, pero en el presente nos vamos a limitar a la creación legislativa del Derecho. Para esto vamos a tratar de caracterizar a su creador por excelencia que heredamos de un acontecimiento de finales del siglo XVIII, conocido como la Revolución Francesa. Aunque somos plenamente conscientes que el Derecho no es igual a Ley, sino que lo supera de lejos, sí es necesario decir que nuestra tradición todavía considera al proceso legislativo como la columna vertebral del sistema jurídico, sin embargo en las últimas décadas ese dominio se ha visto amenazado, por lo menos en Colombia, especialmente desde los años noventa del siglo pasado luego de la expedición de la entonces nueva Constitución Política.
Parangonando las ciencias naturales con las sociales en su aspecto más general, podemos decir que en las dos hay científicos. Suponemos que éstos, en principio, se dedican a estudiar las leyes más generales de los procesos que ocurren, bien sea en la naturaleza o en el mundo físico para unos, y para los otros en el mundo social especialmente aquellas relaciones, conductas o actos a los cuales se les fija unos determinados efectos jurídicos para el caso de la ciencia del Derecho.
Pero al hablar de científicos sociales cuando queremos hacer referencia a los creadores de las leyes, tropezamos con una tradición la cual ha optado por no denominarlos de esta manera sino guardar para ellos un nombre especial y es el de Congresistas o a veces mal llamados Parlamentarios, cuando se utiliza este nombre en un país que carece de un sistema de este tipo y posee en cambio un modelo presidencialista. He aquí entonces el primer obstáculo, al menos formal, para que la ciencia del Derecho obtenga un status o jerarquía similar al de las ciencias naturales.
En cuanto a su elección, el proceso es bien diferente para unos y otros. En efecto, para que un científico llegue a alcanzar una posición de tal es necesario una larga trayectoria que va desde estudiar en diversas universidades, realizar investigaciones en laboratorios, publicar los resultados de sus investigaciones en revistas de gran prestigio, por solo mencionar algunos; en cambio, para elegir a los “científicos del derecho” o Congresistas es necesario realizar una campaña política que puede llegar a costar, por lo menos dos mil millones de pesos, la cual es financiada en muchas ocasiones por grandes intereses privados y, también, para su elección deben tenerse en cuenta diversas “herramientas” de que se valen los candidatos como lo es manipular y engañar a los votantes, o amenazarlos como ocurrió -y muy seguramente seguirá sucediendo en la actualidad- en las zonas de influencia de grupos armados ilegales como los denominados paramilitares, los cuales reconocieron públicamente que cerca del treinta por ciento de los congresistas electos tenían vínculos con estos grupos ilegales y por lo cual muchos de estos políticos están hoy en la cárcel, escándalo conocido como parapolítica.
Por otro lado, a los científicos del Derecho les pasa algo similar a lo ocurrido con los físicos del siglo XIX: sus creaciones se quedan en simples elucubraciones, un éter soñado que nada tiene que ver con la realidad y en muchas ocasiones la contradice. Al ver la cantidad de leyes que se han proferido desde que se expidió la Constitución de 1991, las cuales se acercan a las mil quinientas en aproximadamente veinte años no queda otra imagen que la de la superinflación legislativa, y que los Congresistas diseñan y quieren –de buena fe, así lo creemos- la transformación del país desde un recinto cerrado y hermético a la opinión pública pero sobre todo de espaldas a la realidad.
Si existe alguna duda al respecto no es sino escuchar a la actual Fiscal General de la Nación, Viviane Morales, quien dijo por ejemplo en una entrevista concedida a la periodista María Jimena Duzán que la política criminal existente en el país es incoherente y sobre todo, dice la Fiscal del sistema penal colombiano: Yo le diría más bien que estamos ante un sistema que hemos hecho a retazos. De retazos es como están diseñadas las leyes en Colombia, si queremos generalizar la expresión citada, pues basta con apenas leer el texto de una Ley recién expedida y ya ésta está modificando otra publicada apenas unos dos o tres meses atrás.
Lejos estamos de la pretensión de Max Weber, cuando escribió que las leyes (jurídicas) se irían a convertir en algo nada sofisticado, pues no era sino que los Congresistas para expedir una Ley se basaran en investigaciones previas desarrolladas por las ciencias sociales que les servirían de auxiliares al proceso legislativo. Nada más lejano a eso es lo que acontece en Colombia.
Además de lo anterior hay que agregar la captura del Congreso por los intereses privados, maniatándolo y quitándole todo el poder que supuestamente tiene la “cuna de la democracia”, pues si esto fuera cierto debería servir de espacio para discutir la realidad que nos rodea y que las leyes fueran el resultado de esta discusión donde el mejor argumento fuera el que triunfara. Eso sería el deber ser ¡pero del ser al deber ser hay tanta distancia!.
Esos intereses privados son los que tienen prisionero al Congreso hasta tal punto que Luis Carlos Sarmiento Angulo, reconocido como el banquero más grande del país, participa en redacción de leyes, y el propio Sarmiento Angulo se siente orgulloso de que en muchas de ellas hay artículos redactados por él, según el artículo EL REY MIDAS publicado por la Revista Semana el 28 de noviembre de 2009. Unos de los artículos de los que probablemente se sienta orgulloso el señor Sarmiento Angulo podría ser los de la Ley 789 de 2002, por la cual se modificaron algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo, relacionados con la jornada laboral y la retribución por el trabajo de horas extras donde ahora el empleado trabaja más pero devenga menos salario que antes de dicha reforma. Esa podría ser una explicación de lo orgulloso que se siente el banquero más grande del país y asimismo uno de los mayores empleadores. El problema es qué nombre darle a este señor que hace leyes y no es un Congresista o un “científico del Derecho”; probablemente se exprese correctamente la realidad de nuestro país si lo denominamos como un Para-Congresista.
Por eso, mientras existan personas o grupos por encima de intereses públicos supremos, a manera de ejemplo, la desigualdad que agobia a este país, donde según el artículo de la Revista Semana titulado DESIGUALDAD EXTREMA publicado el 12 de marzo de 2011, Colombia es el país más desigual de América Latina y el cuarto en el mundo, es muy complicado, prácticamente imposible, superar esta situación que a todos nos afecta.
Precisamente a eso deberían dedicarse los “científicos del Derecho”: a estudiar, si es que lo hacen, las leyes más generales de la sociedad y los problemas concretos que afectan a este país para encontrar las soluciones que nos encaminen hacia una integración social, lograr cohesionar el entramado social y de esta manera se haga posible una sociedad más justa, o por si acaso menos injusta. Lo que obtienen, en cambio, es llenar sus bolsillos de dinero que miserablemente obtienen a costa de los ingenuos que votan con la ilusión de que dichos políticos van a cambiar la realidad tan amarga para la mayoría de la población, y tan dulce y satisfactoria para unos pocos privilegiados que viven a costa del trabajo y de los sueños y esperanzas de la mayoría.
De lo dicho podemos deducir muchas cosas, pero especialmente que el Derecho -por lo menos desde su creación legislativa- para ser considerado una ciencia presenta muchas deficiencias, tal vez insuperables, y a eso se suma que la realidad social cambia constantemente y que si no se la estudia con seriedad no se deja aprehender, y menos cuando se la observa con una visión simplista y cuando no hay ninguna intención de solucionar verdaderamente las problemáticas de este país. En lo que probablemente se parece la “ciencia del Derecho” con las otras ciencias y especialmente las naturales es que todas tienen objetos para experimentar con sus teorías, cualquiera sea la definición que de ésta se dé, pero mientras las segundas experimentan con objetos que extraen de la naturaleza o debidamente seleccionados, en contraste la “ciencia del Derecho” por lo menos en Colombia, está experimentando con más de cuarenta millones de seres humanos y sin fijar el horizonte al que debemos llegar. Marchamos sin rumbo, como en una nave perdida en alta mar y donde nadie sabe la dirección a tomar, y además la brújula está gravemente descompuesta.
