El Estado y sus poderes de control y vigilancia

Por SERGIO SALINAS (Octubre de 2008)

Sobre el Estado se ha escrito bastante hasta el momento y es mucho lo que se escribirá. Para tener una idea basta con mirar la cantidad de definiciones, las cuales van desde las conservadoras, que pretenden mostrar su supuesta neutralidad, hasta las izquierdistas que lo ven como un gran mal. Entre las definiciones que pasan por “neutrales” está la que se presenta en los centros educativos y que sirve de versión oficial, la cual el profesor Vladimiro Naranjo Mesa nos presenta con las siguientes palabras: el Estado es un conglomerado social, política y jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio determinado, sometido a una autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos, y cuya soberanía es reconocida por otros estados. Desde el punto de vista de la izquierda, en especial la expuesta por Carlos Marx y que siguiera Lenin, el Estado representa un instrumento de dominación a través del cual una clase, la dominante, ejerce sobre otra, la dominada, su poder. Para Foucault, desde otra óptica, el Estado es una institución disciplinaria. Podríamos continuar citando definiciones de Estado sin que encontremos una definitiva, pues si esto ocurriera tendríamos que reconocer que es una institución estática, contrariando la realidad.

Lo que se puede extraer de lo anterior es que el Estado es sobre todo un campo de lucha donde buscan afianzarse diferentes intereses, pensamientos e ideologías, y donde el victorioso es el que impone a los demás su poder, incluso si para ello es necesario la fuerza, pues no debe olvidarse que los estados europeos se formaron en gran parte por la aplicación de medios coercitivos y violentos, pues basta para este propósito la afirmación de Carlos Alberto Patiño, para quien los “modelos de orden internacional [conformados por Estados] son el producto de los procesos de guerra y de posguerra”.

Sea lo que sea y diga lo que se diga del Estado lo cierto es que no se puede soslayar su carácter de clase, pero tampoco se puede desconocer que a través de él la humanidad ha logrado importantes avances. De uno y otro lado en Colombia es posible encontrar cientos de ejemplos. El carácter clasista de las reforma laboral por medio de la cual se implementó en las últimas décadas la llamada “flexibilización laboral” es un hecho que no se puede negar, aunque se disfrace de “necesidad” para lograr un mayor empleo, contrariando incluso la historia de nuestro país cuando el gobierno de Alfonso López Pumarejo hizo precisamente lo contrario al aumentar el ingreso de los trabajadores, medida que sirvió para que el país avanzara en su incipiente proceso de industrialización.

El aspecto positivo del Estado en cuanto a su tendencia social, y contrario al carácter de clase, se puede ver al analizar la institución de la acción de tutela, que es tal vez la institución jurídica que más profundamente ha penetrado en el imaginario colectivo, y por medio de la cual las personas buscan el amparo de sus derechos fundamentales vulnerados. Debe recordarse, no obstante, que esta acción fue introducida en Colombia por el Constituyente de 1991 como respuesta a la poca efectividad de la administración de justicia que es muy lenta en la resolución de los asuntos a su cargo, llegando incluso a niveles alarmantes de impunidad. Por eso los ciudadanos acuden masivamente a ella en busca de una pronta y eficiente administración de justicia hasta llegar a lo que algunos llaman “tutelitis”.

No debe olvidarse, sin embargo, que el estado ejerce poderes de control sobre los individuos, tratando de amoldar la conducta de los mismos a ciertos cánones preestablecidos. Su control más efectivo lo manifiesta a través de los organismos represivos como los fiscales y jueces (Gonzalo Sánchez), y dos instituciones que por su organización jerárquica son las más eficientes: la policía y el ejército. Pero no sólo esas instituciones son represivas desde la esfera de lo público. Hay, también, instituciones pertenecientes a la esfera social que ejercen control disciplinario: la escuela, la fábrica, la oficina. Y con el actual desarrollo tecnológico aumenta el nivel de vigilancia sobre las personas, con justificaciones que van desde los requerimientos de orden público hasta la necesidad de obtener el máximo beneficio del plustrabajo del “capital humano”.

Es decir, el Estado desarrolló técnicas que le sirvieron para dominar sujetos, y la sociedad hizo lo propio, preparando a los individuos para el consumo y la obediencia que sumados a los medios de masas desembarcaron en el mundo de las actuales sociedades de consumo, bajo el lema: consumo, luego existo.

La globalización

Por SERGIO SALINAS (Noviembre de 2004)

A menudo tecnócratas escriben sobre las políticas que se deben tomar con respecto a ciertas regiones o países, pero muchas veces se realizan sin siquiera conocer los países a los que van dirigidas. La globalización está conformada por una constelación de tratados y consensos en los cuales los países se integran política y económicamente, especialmente lo segundo, pero con efectos sociales y culturales de enorme magnitud. La globalización no ha sido ajena a este tipo de escritores profesionales, pues desde tiempo atrás venían escribiendo sobre la “necesidad” de la globalización, siendo los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan[1] quienes en los años setenta iniciaron la liberalización de sus economías, y promovieron, a escala mundial, este tipo de medidas, que condujeron al Consenso de Washington.

El contexto no pudo estar mejor preparado, pues la crisis de las Repúblicas Socialistas del Este de Europa se preveía, la región con otro modelo de economía, la socialista[2], lo que constituyó que el modelo capitalista fuera el único viable y que fuera promovido como la panacea.

Acto seguido, lo que hicieron los tecnócratas fue promover un nuevo liberalismo (neoliberalismo) inspirados en el del siglo XVII, donde la propiedad privada es el aliciente y mejor remedio para solucionar todos los problemas, en todos los ordenes, sea político, social, económico, etc., en contraste con lo público que es sinónimo de corrupción, y de un obstáculo al desarrollo.

“En el sistema capitalista, los propietarios privados cuidan de sus propiedades precisamente porque  se vinculan con ellas, y sólo con ellas. Si las trata con esmero, le reportan los adecuados beneficios y le ayudan a mantener a su familia y las causas en las que cree, porque puede donarlas, prestarlas, alquilarlas o transmitirlas por herencia. Pero si tiene que compartirlas con otros muchos o se trata de propiedades comunes, son mínimas las ganancias que le reportan sus cuidados y mínimas también las pérdidas si no las cuida. Ésta es la clave de bóveda de la discusión en torno a la propiedad privada y la ‘pública’. Las atenciones prestadas a la primera son eficaces porque comportan recompensas y castigos; las dedicadas a la segunda son ineficientes, escasas o incluso nulas”

“La propiedad privada es eficaz porque crea incentivos directos, otorga una auténtica posesión y confiere derechos de los que el propietario puede disponer. La propiedad pública es ineficaz porque sus incentivos son mínimos, genera una posesión meramente nominal y no otorga derechos de libre disposición. La propiedad privada del capitalismo produce una poderosa incitación a proteger, conservar, mejorar, y ampliar los bienes poseídos. La propiedad ‘pública’ (o ‘común’ o ‘social’ o ‘municipal’ o ‘colectiva’) del socialismo, ya sea la del socialismo ruso o la del Sistema Nacional de la Salud, de los ferrocarriles o de las bibliotecas públicas de Gran Bretaña, destruye los incentivos para proteger o mejorar lo poseído. Ningún propietario público puede cuidarse de un hospital estatal, sea ruso o británico”[3].

Sobre esta plataforma ideológica de las ventajas de lo privado sobre lo público fue que a mediados de los años ochenta del pasado siglo se reunieron los países centrales, suscribiendo un acuerdo, para lo cual tuvieron en cuenta el futuro de la economía mundial, las políticas de desarrollo pero especialmente el papel del Estado que desempeña en la economía. A este acuerdo se le denomina “Consenso de Washington” por ser suscrito en esta ciudad, y que ha afectado directa o indirectamente las diferentes dimensiones de la globalización.

Los diferentes consensos que forman el Consenso Neoliberal constituyen un metaconsenso, con una idea-fuerza dominante, a saber, que en el período al que estamos entrando desaparecieron las divergencias políticas (al menos en los países centrales del sistema mundial) y, por lo tanto, han dado origen a una interdependencia, a la integración regional. En el caso de las guerras de los últimos años que se presentaron o aún se presentan, son todas ellas en la periferia y son conflictos que se podrían llamar de baja intensidad. Pero de todas maneras estas guerras son controladas por los países centrales, a través de la intervención militar, sanciones económicas, bloqueos económicos, deuda externa, entre otros.

Además, los conflictos entre capital y trabajo que dieron origen al fascismo y al nazismo por una deficiente institucionalización fueron después de la Segunda Guerra Mundial institucionalizados por los países centrales. Hoy día esos conflictos están siendo desinstitucionalizados sin que causen inestabilidad alguna (o que no sea controlable) y, debido a que la clase obrera está fragmentada, ahora lo que se presentan son compromisos de clase menos institucionalizados y  menos corporativistas.[4]

A pesar de todo, estos consensos suscritos lo que plantean es también una divergencia tal que hubo necesidad de suscribir otros, y ahora se le denomina “Posconsenso de Washington”, indicando que lo que se llama globalización (económica, política y cultural) no es un estadio necesario del desarrollo de la humanidad, sino un conjunto de componentes descriptivos y prescriptivos. Entonces, lo que queda claro es que la globalización no es un proceso lineal y consensual (a pesar de que nos han hecho creer lo contrario) sino que resulta ser conflictivo, entre, por un lado, grupos sociales, Estados e intereses hegemónicos, y por el otro, grupos sociales, Estados e intereses subalternos. Al interior del campo hegemónico existen divisiones, pero éste actúa sobre la base de consensos entre los principales miembros[5].

Muy a menudo se concibe la globalización sin alguna actitud crítica, lejos de conflictos y contradicciones, transparente y simple, pero analizándola más de cerca ella posee dispositivos ideológicos y políticos direccionados sobre intenciones específicas. Estos dispositivos los muestran como algo necesario, sin que en realidad lo sean y lo que constituyen son, en realidad, una serie de falacias. Destacándose las siguientes:

La primera falacia denominada del determinismo, y que se refiere a la idea de que la globalización es un proceso espontáneo, ineluctable e irreversible, con una lógica y dinámicas propias que tiene una fuerza capaz de superar cualquier obstáculo externo. La causa de esta falacia es la de considerar las causas de la globalización en sus consecuencias, distinguiéndose una autoría como el consenso de Washington que fue una decisión política de los Estados centrales y la cual tiene una autonomía y selección más o menos relativa. No se puede obviar que las decisiones, especialmente de carácter político y económico tomados en los Estados nacionales fueron producto de presiones del Consenso de Washington a través de sus instituciones multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La segunda falacia es la desaparición del Sur, que constituye la intencionalidad política del carácter no político de la globalización. Esta idea comenzó cerca de los años sesenta y se incrementó en los ochenta. Se trata de hacer creer que desaparecieron las jerarquías en el sistema mundial. De este modo, se pretende mostrar que desaparecieron las distinciones entre el Norte/Sur; entre Centro/Periferia/Semiperiferia. Todo bajo la idea de que las empresas multinacionales tienen la dinámica necesaria para transformar la nueva economía mundial en una oportunidad como nunca antes.

Si se llegara a admitir que la economía global dejó de depender de espacios geopolíticos nacionales, la verdad es que la deuda externa sigue cobrándose a nivel de los países (nacionales), y es a través de ésta como después de los años ochenta del siglo pasado, los países pobres se convirtieron en contribuyentes líquidos de los países ricos. Por otro lado, la convergencia entre países en la economía global se dio a la par que su divergencia, donde ésta es más notoria en los países centrales del sistema. Las políticas laborales y de Seguridad Social continúan definiéndose a escala nacional, de lo que resalta sus diferencias entre países. De la misma manera las políticas de liberalización emprendidas después de los ochenta no lograron reducir significativamente los costos laborales entre diversos países.

Lo que sí cabe destacar es que la liberalización desconfiguró los procesos de inclusión/exclusión. En las zonas donde se produjo la integración en la economía mundial se dio predominando la exclusión, y éstos son los países llamados del Sur y de la periferia, con sus consecuencias sociales, que aún están por determinarse y que siguen en la actualidad profundizándose[6].

Una dicotomía dialéctica se está imponiendo en el actual contexto de la globalización: la estructura binaria global/local, que es producida al interior de la misma. Entendiendo el modo de producción como “el conjunto de intercambios desiguales por el cual una determinada obra, condición entidad o identidad local amplía su influencia más allá de las fronteras nacionales, y al hacerlo desarrolla la capacidad de contemplar como local otro artefacto, condición, entidad o identidad rival”. De lo que se desprende que no existe una globalización que pudiera llamarse genuina y que al hablar de globalización estamos hablando es de que ésta implica determinado localismo; y de la misma manera al mencionar la globalización ésta presupone la localización. “El proceso que engendra lo global, entendido como posición dominante en los intercambios desiguales, es el mismo que produce lo local, en tanto que posición dominada y en consecuencia jerárquicamente inferior”. Paradójicamente podemos manifestar que vivimos en un mundo de localización y al mismo tiempo en un mundo de globalización.

A manera de ilustración se menciona un ejemplo para entender mejor cómo la globalización presupone la localización. Este es el caso de la pizza o la hamburguesa norteamericana, pues mientras éstas se globalizan la feijoada brasilera es vista como particularidad típica del Brasil. Lo mismo ocurre con el idioma ingles (globalizado) frente al francés (localizado, aunque con potencialidad para globalizarse).

Pero uno de los procesos producto de las asimetrías presentes al interior de la globalización, es que en el lenguaje popular y aún en el político el término globalización proyecta la idea de inclusión, pero en términos reales, y más precisamente hablando de la globalización económica puede ser bastante restrictivo. Así, “Muchas personas en el mundo, principalmente en África, están siendo globalizados en los mismos términos del modo específico por el cual resultan excluidos por la globalización hegemónica. Lo que caracteriza la producción de la globalización es el hecho de que su impacto se extiende tanto a las realidades que incluye como a aquellas que excluye”. Así mismo, cuando lo local es incluido dentro de lo global, se da en un ámbito de subordinación siguiendo el desarrollo y el camino de lo global.

De lo anterior se desprende que hay, en general, dos formas de globalización:

El localismo globalizado, definido “como el proceso por el cual un determinado fenómeno local es globalizado con éxito”. Una vez se realiza, lo que se globaliza determina las condiciones del proceso a seguir: integración, competición y la inclusión. Cuando lo que se pretende es el reconocimiento de la diferencia, el localismo globalizado conlleva que se imponga esa diferencia en condición universal y el resto de diferencias serán excluidas o si se incluyen lo serán de manera subalterna.

La otra forma de globalización es la que Santos llama la globalización localizado, que “Se traduce en el impacto específico en las condiciones locales, producido por las prácticas y los imperativos transnacionales que se desprenden de los localismos globalizados”. Por lo que las condiciones locales frente a los imperativos transnacionales, son “desintegradas, desestructuradas y eventualmente reestructuradas bajo la forma de inclusión subalterna”.

Como se expresó anteriormente, las jerarquías no desaparecen en el proceso globalizador, y ahora lo que se presenta es una división internacional de la producción de la globalización, donde los países centrales se especializan en localismos globalizados y los países periféricos  les corresponde asumir los globalismos localizados. De manera especial en los países semiperiféricos convive el localismo globalizado y la globalización localizada, generándose una tensión entre éstas. Así como también están los sectores geográficos excluidos, como lo puede ser una gran parte de África[7].

El Consenso de Washington aconsejó tres pilares fundamentales: la austeridad fiscal, la privatización y la liberalización de los mercados[8], además del Estado débil en el campo político[9].

Las medidas económicas fueron en parte recomendadas para que los países, en especial los subdesarrollados, las adoptaran. Pero “Las políticas del FMI, basadas en parte en el anticuado supuesto de que los mercados generaban por sí mismos resultados eficientes, bloqueaban las intervenciones de los gobiernos en los mercados, medidas que pueden guiar el crecimiento y mejorar la situación de todos”[10].

En la actualidad el FMI y el BM aplican teorías económicas equivocadas. Estas instituciones “son protagonistas dominantes en la economía mundial. No sólo los países que buscan su ayuda sino también los que aspiran a obtener su ‘sello de aprobación’ para lograr un mejor acceso a los mercados internacionales de capitales deben seguir sus instrucciones económicas, reflejan sus ideologías y teorías de mercado libre”. Pero como lo dice Stiglitz: “Desde lo alto de un hotel de lujo se imponen sin piedad políticas que uno pensaría dos veces si conociera a los seres humanos a los que se les va a destrozar la vida”[11].

“El resultado ha sido para muchas personas la pobreza y para muchos países el caos social y político. El FMI ha cometido errores en todas las áreas en las que ha incursionado: desarrollo, manejo de crisis y transición del comunismo al capitalismo. Los programas de ajuste estructural no aportaron un crecimiento sostenido ni siquiera a los países que, como Bolivia, se plegaron a sus rigores; en muchos países la austeridad excesiva ahogó el crecimiento; los programas económicos que tienen éxito requieren un cuidado extremo en secuencia –el orden de las reformas- y ritmo. Si, por ejemplo, los mercados se abren a la competencia demasiado rápidamente, antes del establecimiento de instituciones financieras fuertes, entonces los empleos serán destruidos a más velocidad que la creación de nuevos puestos de trajo. En muchos países, los errores en secuencia y ritmo condujeron a un paro creciente y una mayor pobreza”[12].

Para Stiglitz el problema se ha enfocado en una perspectiva equivocada pues pasar los activos del sector público al privado no es garantía per se de que se vaya a generar empleo y un crecimiento de la economía, ni solucionar los problemas macroeconómicos, como lo afirmó en una entrevista a la revista Semana:

“SEMANA: ¿Cómo lo hicieron? [para la creación de empresas y puestos de trabajo]

“J.S.: Las políticas del Consenso de Washington se basaban en la creencia de que si uno cogía las empresas públicas existentes y se las pasaba al sector privado, éste último crecería por sí mismo y crearía los empleos.  No había una estrategia de crecimiento. Era una creencia, como una religión, de que una vez se quitaba al gobierno de encima, los mercados florecerían y arreglarían todos los problemas. En el este asiático el principal reto era cómo hacer para que de alguna manera el gobierno pudiera crear empresas y empleos. El papel del gobierno no sólo era crear el ambiente apropiado para el crecimiento, sino también ir más allá. 

“Por ejemplo, en China el gobierno local en las ciudades y pueblos fue el que creó las nuevas empresas y puestos de trabajo. De manera que fue en realidad el gobierno, a nivel local, el catalizador del crecimiento. En Corea, una de las empresas de acero más eficientes del mundo, fue creada por el gobierno.

“Se enfocaron en cómo crear nuevas empresas y trabajos. En algunos casos podemos hacerlo invitando a las compañías extranjeras, en otros casos creando nuestras propias empresas, o en otros prestándole plata a los empresarios privados, pero la meta siempre fue la creación de nuevas empresas y empleos. Pero el Consenso de Washington nunca pensó en estas cosas. Simplemente se suponía que el mercado automáticamente lo haría todo, cosa que no ocurrió en ninguna parte”[13]. 

La estrategia para competir consistió en que la mayor parte de los países industrializados, entre los que se destacan Estados Unidos y Japón, protegieron sus industrias, escogiéndolas de manera muy sabia y selectiva, hasta que fueron muy fuertes para poder competir sin mayores problemas con industrias extranjeras. Si bien es cierto que no ha funcionado la protección generalizada de la industria en los países que la han aplicado, tampoco ha sido satisfactorio las que liberan rápidamente sus economías[14].

En Colombia, a propósito del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el industrial Luis Carlos Villegas, expresó que la empresa colombiana era competitiva para participar en una negociación como el ALCA[15]. Este optimismo es contrastado con los datos, ya que por ejemplo “Durante 1999 el ingreso per cápita fue inferior en 7% respecto a 1998. La producción nacional cayó 5.1% mientras la población creció 1.9%. Esta recesión económica, la más aguda del siglo XX en Colombia, se suma a los crónicos problemas de desintegración social, desempleo y pobreza”.

“La crisis golpea con intensidad a las familias de los estratos de ingreso medio y bajo, a la vez la concentración de riqueza se agudiza, favorece solo al 3% de los hogares. Dos de cada tres colombianos son excluidos, sin garantía de sus derechos sociales, el 70% de la fuerza laboral se encuentra desempleada (18.1%)o en empleos precarios (28% subempleo y 54% informalidad)...”[16] Los colombianos contribuimos con el 0.27% del valor de la producción económica mundial. El país concentra el 1.2% de los pobres del mundo. “Una de las particularidades en la discusión sobre desarrollo, desigualdad y pobreza en Colombia en los años noventa radica en que la mayoría de los autores se ha desempeñado alternativamente como funcionarios del gobierno o de las autoridades multilaterales de crédito. Es común, entonces, el optimismo con que describen la evolución de estos fenómenos y las terapias recomendadas y aplicadas”. Mientras que “Para 1999 la caída en el ingreso por persona es de 5.9%; el desempleo afecta al 22% de la población económicamente activa; en pobreza por ingreso se encuentra el 60% de las personas y una cuarta parte de la población no satisface sus necesidades básicas. En los años noventa se suma una profunda inestabilidad y fragilidad de la economía”[17].

Si se quiere acceder a un mercado libre, entonces debe tenerse en cuenta que la primera condición a cumplir es que los países que negocian “tengan modelos similares que les permita operar con estructuras arancelarias similares”. En cuanto a la estrategia para adoptar y competir “se requiere una política industrial, que permita definir que debe producir el país para el mercado externo y que conviene importar para modernizar el sector productivo”. En las aperturas, las economías quedan sometidas a excedentes de fuerza de trabajo, inestabilidad cambiaria y quiebra de los vínculos industriales. Así, en cuanto a “la integración Latinoamericana se justifica como un instrumento para ampliar los mercados y sustentar los modelos económicos más convenientes. Su viabilidad está condicionada a una organización por bloques conformados por países económicos similares y aranceles semejantes. El libre comercio solo se aceptaría dentro de los bloques y los acuerdos entre los bloques tendrían que hacerse sobre aspectos específicos” [18].

Países que han celebrado Tratados de Libre Comercio, como es el caso de México con  los Estados Unidos y Canadá (Napta) le ha significado a México un retroceso, pues se calcula que en ese país el 47%  de sus habitantes vive en la pobreza y el 19% en la indigencia y “En los años de vigencia del Tratado de Libre Comercio, la canasta básica de alimentos de la población mexicana aumentó de precio 560%, mientras el salario real solo aumentó 135%; es decir, la canasta aumentó de precio casi cinco veces más de los que aumentaron los ingresos reales de los trabajadores”.

En la misma perspectiva, en el gobierno de Ernesto Zedillo, “el salario mínimo se señala que perdió el 48% de su poder de compra, y más del 50% de los asalariados mexicanos recibe actualmente, en términos reales, menos de la mitad de lo que recibía 10 años atrás. Esta es la cara triste y fea de la integración bajo principios neoliberales...”

Por si fuera suficiente con lo anterior las exportaciones que realiza México, las hacen fundamentalmente 300 empresas, y la gran mayoría de esas empresas son filiales de las multinacionales estadounidenses.[19]

En esta medida, los sistemas de protección social con el avance del neoliberalismo tienden a presentarse como contraproducentes para el capital. Pues  el “neoliberalismo afirma que la protección de los trabajadores debe estar regulada por las dinámicas que adquiera un mercado altamente competitivo en el que serán los empleadores que no ofrezcan salarios y condiciones de trabajo elevadas y favorables quienes perderán la mano de obra experta y calificada, a no ser que competitivamente se la ‘peleen’”. A pesar de parecer mentira, no lo es, y antes se anuncia “que la regulación laboral que se basa en la contratación fija, garantías laborales, sistema de seguridad social, son contraproducentes para el desarrollo y elevación de las condiciones laborales en el mundo –moderno y altamente competitivo-, [y se] sostiene que dichas relaciones estancan la potencialidad de patronos y empleados para enfrentar los procesos de tecnificación, globalización y competencia mundial”[20]

En el país se manifiesta la anterior situación cuando en la década de los noventa se presenta la arremetida contra los trabajadores colombianos, primero con la Ley 50  de 1990 que “le arrebató a los derechos adquiridos en cuanto contratación, prestaciones, tiempo de jubilación, y beneficios laborales, se aplicó bajo el pretexto de solucionar los problemas de desempleo y el déficit fiscal”, y luego, en materia de Seguridad Social, con la expedición de la Ley 100 de 1993 se “pretendía según los designios del Estado, dar cubrimiento en salud a toda la población colombiana y mejorar el sistema de seguridad social, con ese argumento deterioró el ambiente laboral de la salud se desmontó de sus obligaciones en este aspecto, pero en cambio favoreció el capital de particulares invertido en el ‘negocio’ de la salud”[21] y de la pensiones[22].

En resumen, “Las dos décadas de neoliberalismo en América Latina le han regalado a la región la distribución más desigual del ingreso, más inequitativa y más injusta del ingreso en el mundo entero. El 20% más rico de la población latinoamericana recibe un ingreso que es diecinueve veces superior al 20% más pobre”[23]. También, se estableció la llamada flexibilización laboral, consistente en “abolir el salario mínimo legal, (y) que éste sea establecido por las fluctuaciones del mercado, que se pague como sucede en los Estados Unidos por horas laboradas”,[24] y con ello todos los logros que la clase trabajadora ganó por sus luchas quedarían sin vigencia, abolidos. Pues como lo afirma Jaime Pardo Leal “La legislación laboral no ha sido [el producto de] una concesión gratuita de los legisladores de cada país, sino la resultante de duras, difíciles y prolongadas jornadas de lucha, rubricadas con el sacrificio de los trabajadores del mundo. Cada ley que beneficia a los trabajadores ha sido conquistada y no otorgada caritativamente.”[25]

Bibliografía

Libros y artículos:

Córdoba Ruiz, Piedad, El Plan Colombia: El escalamiento del conflicto social y armado, Nizkor, Madrid, 7 de  abril de 2000. Publicado en: www.derechos.org

Martínez, Osvaldo, Posición de Cuba sobre el ALCA, ponencia presentada el 2 de abril de 2001, Cátedra Libre, CUT, Bogotá, Junio – agosto de 2003, págs. 35 y 39.

Moreno, Jaime Alberto, De la idea liberal del Estado Social de Derecho, al embeleco autoritario del Estado comunitario, Revista Trabajo y Derecho, No. 39, Agosto de 2003, pág. 17.

Ortiz Palacios, Iván David, La cuestión sindical, Conocimiento y Humanismo, Unibiblos, Bogotá, 2004, pág. 109 y 110.

Ortiz Palacios, Iván David, Sindicalismo y guerra en Colombia, Revista Trabajo y Derecho... pág. 74-75.

Pardo Leal, Jaime, La clase obrera ante el derecho social, Conocimiento y Humanismo, Unibiblos, Bogotá, 2002, pág. 271.

Santos de Sousa, Boaventura, La caída del Ángelus Novus: ensayos para una nueva teoría social y una nueva práctica política, ILSA y Universidad Nacional de Colombia, Ediciones Antropos Ltda., Bogotá, 2003, pág. 169-170.

Sarmiento Anzola, Libardo, Pugna distributiva y desarrollo societal en Colombia, Fescol, octubre de 1999.

Sarmiento Palacio, Eduardo, Modelo estratégico para las exportaciones colombianas y la integración, Cátedra Libre, CUT, Bogotá, Junio - Agosto de 2003, págs. 27 y 31.

Seldon, Arthur, Capitalismo I, Folio, Barcelona, 1997, pág. 129.

Stiglitz, Joseph, El malestar en la globalización, Taurus, Bogotá, 2002, pág. 81.

De Sousa Santos, Boaventura, op. cit. pág. 247

Suárez O., Rafael Ernesto, Los Derechos Humanos laborales en Colombia, Revista Trabajo y Derecho... pág. 107-108.

Rodríguez Mesa, Rafael, La reforma pensional establecida por la Ley 797 del 2003¸ Revista Trabajo... pág. 140

Vargas Buenaventura, Fermín, Retroceso en los Derechos de los trabajadores, actualización de la relación laboral, Revista Trabajo y Derecho... pág. 136.

Revistas y periódicos:

Revista Semana, abril 22 de 2002.

www.derechos.org

www.eltiempo.com

www.semana.com

---

[1] “Durante los años de su gobierno, las políticas ultraliberales de Reagan marcaron profundamente la economía y la sociedad estadounidense en la década de los 80, cuando los golden boys de Wall Street amasaron decenas de millones de dólares anuales mientras surgía una nueva clase de personas empobrecidas, marginadas de los programas sociales”. En: Fin del 'largo viaje' de Ronald Reagan, www.eltiempo.com, 6 de junio de 2004.

2 Véase Moreno, Jaime Alberto, De la idea liberal del Estado Social de Derecho, al embeleco autoritario del Estado comunitario, Revista Trabajo y Derecho, No. 39, Agosto de 2003, pág. 17.

[3] Seldon, Arthur, Capitalismo I, Folio, Barcelona, 1997, pág. 129.

[4] Santos, Boaventura de Sousa, La caída del Ángelus Novus: ensayos para una nueva teoría social y una nueva práctica política, ILSA y Universidad Nacional de Colombia, Ediciones Antropos Ltda., Bogotá, 2003, pág. 169-170. Para el presente escrito ha sido fundamental el capítulo 6 denominado Los procesos de globalización.

[5] Ibíd., Pág. 167-168.

[6] Ibíd., Pág. 191-194.

[7] Ibíd. pág. 205-209.

[8] Stiglitz, Joseph, El Malestar en la globalización, Taurus, Bogotá, 2002, pág. 81.

[9] Santos, Boaventura de Sousa, op. cit. pág. 247

[10] Stiglitz, Joseph, op. cit. pág. 14. Cursiva en el original.

[11] Revista Semana, abril 22 de 2002.

[12] Ibíd. pág. 43

[13] Revista SEMANA: www.semana.com abril 9 de 2003.

[14] Stiglitz, Joseph, op. cit. pág. 41-42.

[15]Revista SEMANA, abril 22 de 2002.

[16] Córdoba Ruiz, Piedad, El Plan Colombia: El escalamiento del conflicto social y armado, Nizkor, Madrid, 7 de  abril de 2000. Publicado en: www.derechos.org

[17] Sarmiento Anzola, Libardo, Pugna distributiva y desarrollo societal en Colombia, Fescol, octubre de 1999.

[18] Sarmiento Palacio, Eduardo, Modelo estratégico para las exportaciones colombianas y la integración, Cátedra Libre, CUT, Bogotá, Junio - Agosto de 2003, págs. 27 y 31.

[19] Martínez, Osvaldo, Posición de Cuba sobre el ALCA, ponencia presentada el 2 de abril de 2001, Cátedra Libre, CUT... págs. 35-39.

[20] Ortiz Palacios, Iván David, La cuestión sindical, Conocimiento y Humanismo, Unibiblos, Bogotá, 2004, pág. 109 y 110. Negrita fuera de texto.

[21] Ortiz Palacios, Iván David, Sindicalismo y guerra en Colombia, Revista Trabajo y Derecho... pág. 74-75. El doctrinante deja ver su preocupación por la situación actual del problema ya que él dice que “para nadie es ajeno que en Colombia, hoy día la gente se muere presentando tutelas que le garanticen el derecho a la vida antes de que el Estado ‘ordene’ que le presten la atención en salud, lo cual indica que esta ley tampoco se extendió para lo públicamente pretendido, pero sí ha dado sus frutos para los empresarios de un derecho que es público”.

[22] Véase Suárez O., Rafael Ernesto, Los Derechos Humanos laborales en Colombia, Revista Trabajo y Derecho... pág. 107-108. El autor también expresa su preocupación por que la Ley 797 de 2003 aumentó los requisitos y estableció limitaciones a la seguridad social, modificando la Ley 100 de 1993. Así mismo muestra su temor porque, según él, con el gobierno de Álvaro Uribe “la vigencia de los derechos laborales y la Libertad sindical quedan en entredicho”. También véase Rodríguez Mesa, Rafael, La reforma pensional establecida por la Ley 797 del 2003¸ Revista Trabajo... pág. 140, donde expone el punto según el cual la ley 797 de 2003 fue el producto de una imposición por parte del FMI. Este organismo multilateral de la misma manera buscaba que se redujera el déficit fiscal de 6,3 a 1,5 por ciento. Además, el gobierno colombiano se comprometía a privatizar algunas empresas y a aumentar y/o crear nuevos impuestos, entre éstos se destaca el famoso tres por mil, que en un comienzo fue de dos por mil.

[23] Martínez, Osvaldo, op. cit.

[24] Vargas Buenaventura, Fermín, Retroceso en los Derechos de los trabajadores, actualización de la relación laboral, Revista Trabajo y Derecho... pág. 136.

[25] Pardo Leal, Jaime, La clase obrera ante el derecho social, Conocimiento y Humanismo, Unibiblos, Bogotá, 2002, pág. 271.

Grandes momentos de la Hacienda Pública en Colombia

Por SERGIO SALINAS (2005)

1. LA COLONIA

En la época colonial la Corona española reglamentó el comercio de manera prohibitiva, llegando incluso hasta su supresión. Fue excesivamente reglamentarista -sin que eso significara que la legislación fuera eficaz- buscando como finalidad obstaculizar el desarrollo económico de las colonias americanas no obstante querer España convertirlas en mercado para sus productos. Siguiendo esta estructura lógica nos lleva a la idea de que en la Colonia los impuestos y los monopolios se constituyeron en la regla general, para lo cual es oportuno citar al respecto a Camacho Roldán: "Todo está gravado: el capital y la renta, la industria y el suelo, la vida y la muerte, el pan y el hambre, la alegría y el duelo. Monstruo multiforme, verdadero Proteo, el Fisco lo invade todo, en todas partes se encuentra, y ora toma la forma enruanada del guarda del aguardiente, el rostro colérico del asentista, el tono grosero del cobrador de peaje, la sucia sotana del cura avaro, los anteojos del escribano, la figura impasible del alcalde armado de vara, la insolencia brutal del rematador del diezmo, o la cara aritmética del administrador de aduana" (citado en Nieto Arteta, 1996, pág. 23).

En general puede decirse que el sistema tributario colonial era caótico y no existía la racionalidad que hasta cierto punto caracteriza en la actualidad a este tipo de gravámenes, sino que obedecía a necesidades momentáneas y no existía una estructura organizada para su cobro, lo cual resultaba demasiado costoso para el Fisco, y con ello se beneficiaba era la burocracia criolla, afectando a España económicamente, pues requería cada vez mayores recursos para sostener sus conflictos con otras potencias y hasta la propia seguridad de las colonias americanas.

El sistema tributario tenía un carácter clasista, por lo cual prosperaron los impuestos indirectos, gravando especialmente los consumos y el trabajo (Tirado Mejía, 2000, pág, 85). Este lastre todavía no nos abandona.

Dado el anterior acercamiento introductorio, pasamos a señalar la clasificación en materia de impuestos existentes en la Colonia, eso sí, teniendo en cuenta que obedecen a una importancia relativa, dependiendo del tiempo y hasta del espacio geográfico en que efectivamente se aplicaron, si es que esto llegó a acontecer.

a. Impuestos directos

1. TRIBUTO DE INDIOS.

Este tributo recaía sobre los indígenas, por su calidad de tales, y se tasaba de manera periódica sin importar su patrimonio u otro tipo de renta o ingresos. Lo pagaban los indígenas cuya edad estuviera entre los 18 y 50 años de edad. Al pagar este impuesto a los indígenas se les eximía de otros gravámenes. La tasación de este tributo se realizaba en dinero o en frutos, siendo percibido en un comienzo por los encomenderos, y luego directamente por la Corona. En el año 1821 se declararon a los indígenas en pie de igualdad y, por tanto, el tributo fue abolido, quedando sometidos a los demás tributos.

2. BULA CRUZADA.

Este tributo recaía sobre la comunidad e igualmente debían pagarlo las ciudades más importantes ubicadas en los virreinatos. Este histórico tributo (establecido originariamente en el siglo XI) lo extendió el Papa Gregorio XIII a las Indias Occidentales.

3. MEDIAS ANATAS.

Originariamente los que debían pagar este tributo eran los que ejercían oficios eclesiásticos, quienes contribuían con la mitad de sus ingresos percibidos durante el primer año. Después este impuesto se extendió a los que ejercían cargos civiles y debían contribuir con la mitad de lo que percibieran, esto es, todo lo relacionado con emolumentos, en el primer año. A los primeros se le denominó "media anata eclesiástica" y a los segundos "media anata secular".

4. MESADA ECLESIÁSTICA.

Este gravamen recaía sobre los que ejercían los oficios eclesiásticos, a quienes se les reducía una duodécima parte de la renta de un año, en beneficio de la Corona española.

5. LOS ESPOLIOS.

Se establecieron los espolios para la situación de que una vez muertos los arzobispos y obispos, los bienes muebles e inmuebles que poseían pasaban a la Corona.

6. LAS VACANTES MAYORES.

Constituían los ingresos que la Corona percibía por las rentas adquiridas desde el tiempo en que moría un prelado hasta que la Santa Sede le nombraba su sucesor.

7. ENAJENACIÓN DE OFICIOS O CARGOS PÚBLICOS.

Estableció una importante fuente de ingresos para la Corona. Hacía referencia al remate en pública subasta de los principales cargos y empleos públicos, postulándose para ellos las personas que reunían las condiciones mínimas para ejercerlos.

8. DONATIVOS GRACIOSOS.

Una característica de los donativos graciosos consistió en que tenían un destino particular. Fue una contribución extraordinaria y de carácter obligatorio que se le imponía a los vasallos de las colonias de América por parte de la Corona española. Se trataban de pasar por voluntarios. Buscaba satisfacer necesidades apremiantes de la Corona.

b. Impuestos indirectos

Estos impuestos indirectos recaían particularmente sobre la industria o una determinada actividad, o también sobre el intercambio de mercancías entre la Corona y sus colonias americanas, entre éstas y España, o al interior de las colonias.

1. LOS DIEZMOS.

El impuesto del diezmo recaía sobre el 10 por 100 de los frutos vegetales y de las crías de los animales. Su destino era financiar el culto y los prelados que estaban en tierras coloniales. Para la Corona se destinaban dos novenos del diezmo que ingresaban directamente a su Hacienda.

2. QUINTOS REALES.

El tributo de los quintos reales era el que debían pagar los explotadores de minerales preciosos en las colonias americanas. Fue menester modificarlo para evitar el cada vez más creciente contrabando generado por el alto costo del impuesto. Para adecuarlo a las características peculiares de cada zona de extracción de este tipo de materiales fue preciso tener en cuenta, entre otros factores, la productividad de las minas.

3. VENTA DE TIERRAS REALENGAS.

Técnicamente hablando no fue un impuesto. El papado de Alejandro VI emitió una bula a finales del siglo XV, con la cual otorgaba a la Corona española las tierras descubiertas en América. La metrópoli otorgó estas tierras bien por medio de mercedes o concesiones, y las restantes las vendía producto de las cuales obtuvo grandes ingresos.

4. ALMOJARIFAZGO.

Fue el almojarifazgo una institución que los españoles adoptaron de los árabes. Este tributo se debía pagar por los "derechos de aduana" -en un sentido moderno-, que se cobraban en los puertos marítimos. Varió la base sobre la que se liquidaba, al pasar de determinarse, en un comienzo, ad valoren, y luego pasó a ser liquidada por el peso, número de piezas, volumen, palmeo por metros cúbicos, entre los más destacados. Por las mercancías que se enviaban de la metrópoli se debía pagar el almojarifazgo tanto a la salida, en el puerto de Sevilla, como en el puerto de destino el derecho de introducción, variando los dos porcentajes.

5. AVERÍA

Este impuesto de la avería estuvo muy ligado al almojarifazgo; se cobraba en el tráfico jurídico teniendo en cuenta el pago del almojarifazgo. Con su pago se contribuía a financiar la protección de las embarcaciones marítimas del ataque de piratas. La tarifa de este impuesto también varió (aumentando) hasta que, incluso, fue reemplazado por otro que ya no sólo protegía mercancías y personas sino además correos. Lentamente fueron desapareciendo este tipo de impuestos hasta que en el año de 1778 se declaró el libre comercio entre la metrópoli y las colonias.

6. ALCABALA

El gravamen de la alcabala lo debía pagar quien realizara transacciones con muebles e inmuebles. En un principio fue transitorio y luego se instituyó como permanente.

7. ARMADA DE BARLOVENTO.

La inseguridad que padecían las flotas españolas en el caribe obligaron a España a formar una armada para su protección. Este tributo se recaudó con la alcabala al cual se le hacía un recargo adicional y en ocasiones hasta llegó a confundirse con ésta. A cada virreinato se le estableció una cuota determinada.

8. DERECHO SOBRE PUERTOS.

Se cobraba por medio de este impuesto el "derecho sobre puertos, bodegas y pasos reales", con los cuales se hacía muy oneroso el comercio entre los diferentes virreinatos que conformaban la Colonia española en América.

c. Rentas estancadas.

Las rentas estancadas predominaron a partir de las últimas décadas del siglo XVIII y se debieron a la necesidad española de financiar sus guerras con otras potencias europeas, especialmente con Inglaterra, que le estaba disputando el dominio colonial e incluso le bloqueaba efectivamente el comercio marítimo con sus colonias americanas.

En este marco España vio la necesidad de que los súbditos de las colonias tuvieran un mayor ingreso para poder ejercer mayor presión fiscal sobre ellos y que efectivamente se recaudaran las correspondientes imposiciones fiscales.

La Corona escogió estratégicamente productos para someter al estanco, los cuales tuvieran mínima inversión y como se convirtieron en productos producidos exclusivamente por España, se cobraban altas tarifas y con esto se obtenían grandes ganancias, pues al producir dichos productos a bajo costo y venderlos a un alto precio le generaba grandes ganancias. Los casos típicos son el tabaco y el aguardiente. El papel moneda también se contaba como producto estancado o monopolizado. Al igual que los naipes, la pólvora y el platino. La importancia fue tal que la Corona percibió ingresos cercanos a los 765000 pesos entre el tabaco y el aguardiente, de un total de 2435098 pesos.

El Estado era el que regulaba los lugares de siembra y la cantidad de matas cultivadas y para tener un control estableció penas que iban desde la confiscación hasta, si era el caso, la muerte.

2. ESTRUCTURA FISCAL EN LA REPÚBLICA

Con la Independencia no se realizó una verdadera reforma fiscal. Hubo unos pocos cambios que prácticamente mantuvieron la estructura que se manejaba en la Colonia. Había dos grupos enfrentados que tenían diferentes concepciones e intereses. Por un lado, estaba la aristocracia que se contentó con la independencia y con ocupar los cargos de la República. Y no más. Por el otro, estaba la burguesía que luchaba por el libre comercio exterior y la supresión de trabas heredadas de España. En el comercio exterior logró la burguesía que se implantara el libre comercio, pero al interior no logró sino que se realizaran unos pequeños cambios, algunos de los cuales fueron restablecidos pocos después.

El Congreso de Cúcuta de 1821 realizó una importante reforma al unificar los más destacados impuestos aduaneros que hasta entonces habían regido, tarifa aduanera que se cobraría en toda la Nueva Granada la cual variaba de entre el 10 y el 35 por 100, de acuerdo a las características del bien gravado. Este Congreso estableció un importante tributo que consistía en una tarifa del 10 por 100 anual sobre el ingreso obtenido de la tierra y el capital, que al final no se pudo practicar pero sentó un gran antecedente para futuras reformas. Ese Congreso también mantuvo el impuesto del diezmo y tuvo gran importancia durante la primera mitad del siglo XIX.

Específicamente, en el año de 1824 se rebajó la alcabala y los mayorazgos se suprimieron, las medias anatas fueron suspendidas en el año de 1825, en el año de 1821 se abolió en tributo de indígenas y también se acabó el estanco del aguardiente. Pero en 1828 se presentó una contrarreforma en la cual se restableció el tributo indígena, aunque en el año de 1831 definitivamente se abolió.

Las recaudaciones que se hicieron en los primeros años de la República se utilizaron en su gran mayoría para el financiamiento de las guerras de Independencia de otros países al tiempo que sufría en su interior una gran hambruna producto de los gastos y las consecuencias producto de la guerra.

a. La primera mitad del siglo xix hasta la reforma de 1850

Como antes se anotó, la República heredó el sistema tributario de la Corona sin mayores cambios y persistió el sistema caótico que hasta entonces regía. Fue sólo hasta mediados del siglo XIX cuando en realidad se logró que nos apartáramos del sistema tributario colonial. En efecto, se trató de sustituir la dependencia de los impuestos indirectos por los directos, sin decir que en realidad se hubiese logrado, para lo cual se eliminaron la alcabala, los derechos de exportación, los diezmos, los impuestos al aguardiente, el de hipoteca y registro, los quintos, las anatas medias, entre otros.

La abolición del estanco del tabaco fue muy importante ya que permitió la libre producción, lo que en últimas beneficiaba su alto cultivo, favoreciendo con esto la exportación y se obtenían así divisas. Esta medida de la abolición del estanco se había pensado mucho tiempo atrás, pero por parte del Estado no se había presentado ninguna propuesta en ese sentido, ya que representaba importantes ingresos para las arcas públicas.

Una medida adoptada y que redundó en beneficio de la burguesía fue la abolición de la esclavitud en el año de 1851, pues con esta medida se convertía a los indígenas en “hombres libres” y, complementada con otra medida, tomada un año antes (1850), consistente en el ataque a los resguardos, convertiría a los indígenas en masas desposeídas que para lograr sobrevivir se tenían que desempeñar como asalariados, y al tiempo se convertían en potenciales compradores para las mercancías importadas por la burguesía.

En 1861 se tomó otra medida que consistió en quitarle los bienes improductivos que poseía el clero, a lo que se llamó desamortización de bienes de manos muertas, para luego ser vendidas en remate, y así aumentar la producción al tiempo que se distribuía la propiedad, aunque esto en realidad no ocurriera.

Los impuestos que lograron permanecer fueron, entre otros, los del papel sellado y el de aduanas. Este último sobrevivió hasta comienzos del siglo XX, llegando incluso a representar el 70 por 100 de los ingresos del Estado, pero su fragilidad era contraproducente y fuente de inequidad, por depender de importaciones que no siempre eran estables y se gravaban bienes primarios que eran consumidos también por las capas más pobres de la sociedad.

Con esta reforma, en la que se llegó a abolir muchos tributos, los ingresos del Estado a mediados de la década del cincuenta del siglo XIX, no disminuyeron sino que presentaron un aumento en el recaudo en comparación a los primeros años de la década del treinta del mismo siglo y, además, permitió la supresión de las trabas comerciales que paralizaban la producción nacional.

Una síntesis de nuestra organización en materia hacendística desde los primeros años nos la ofrece don Ramón M. Arjona en su Memoria de 1849: "Después de haberse proclamado la independencia, una lucha prolongada para afianzar y obtener la libertad, imposibilitó entonces, el ocuparse en dos sistemas a todos los ramos de la Hacienda Nacional, y constituida posteriormente la República, no podíamos haber quedado exentos de los errores inherentes a la infancia de las naciones. Procuróse desde luego arreglar la cobranza, inversión y contabilidad de los caudales del Estado y se hizo cuanto podía exigirse en la época; empero, leyes aisladas unas, otras de circunstancias, contabilidades especiales para algunos ramos, incoherentes entre sí, ninguna para otros, y, en fin, la marcha de cada renta por su lado hasta terminar en puntos diferentes sin tener todas ellas un centro común donde hubieran de combinarse las operaciones para obtener en conjunto resultados generales unísonos y exactos, eran ciertamente estorbos que impedían formar las cuentas de manera regular y verídica que ha querido la Constitución" (Citado por Nieto Arteta, 1996, pág. 212).

b . Situación fiscal de 1927- 1928

Durante estos dos años de 1927 y 1928 llegan al país grandes flujos de capital provenientes de empréstitos obtenidos del exterior, fruto de reapertura de fuentes crediticias externas. Este período es más conocido como "la prosperidad al debe". La pregunta central es de si fue necesario tal endeudamiento y de si se estaba invirtiendo en sectores que en realidad lo necesitaban.

Para responder a estos interrogantes Juan Camilo Restrepo (2003, pág. 127 ss) cita lo que en su momento respondió el estadista Esteban Jaramillo. Éste consideraba que para un país endeudarse se debían clasificar las obras públicas, con el fin de determinar las obras prioritarias que se fueran a desarrollar con tales recursos. Era preciso superarse el estado en el que se vivía, pues reinaba el caos en materia de planeación pública.

Para Jaramillo la cifra de 21.388.502.29 pesos, valor de la deuda pública nacional para el año de 1927 no era excesiva, pues los países debían contraer empréstitos para lograr encontrar un mayor grado de desarrollo pero invirtiéndolo en adecuada infraestructura, y así ayudar al sector productivo.

Entonces, el problema no era el endeudamiento sino que debían declararse obras prioritarias y que atendieran a necesidades nacionales. No se podía -y no se debía- continuar manejando la ejecución de obras con criterios parciales sino estructuradas dentro de un contexto nacional y prioritario, para hacer el mejor aprovechamiento posible de los recursos obtenidos a través de deuda externa. Además, debía aplicarse un criterio de planeación consistente en primero definir cuáles eran las obras prioritarias y luego buscar la financiación a través del crédito, pero en ningún caso al revés.

Afirmaba Jaramillo que un país si no se endeuda posiblemente tendrá desarrollo, pero éste se da muy seguramente de manera lenta, en caso de darse, mientras que con recursos externos obtenidos a través de financiación se podría articular una más eficiente estrategia de desarrollo y coherencia de políticas públicas.

Esteban Jaramillo abogaba por un equilibrio fiscal, al estilo de la Hacienda Pública clásica en la cual los gastos ordinarios se cubren con recursos propios, mientras que los gastos extraordinarios con recursos provenientes de la obtención de créditos. Este principio lo contenía -según Jaramillo- la Ley 34 de 1924 que se empezó a aplicar en el año 1927.

El ingreso de capitales provenientes de fuentes de financiamiento externo generó inflación en el país, a lo cual respondió el Gobierno con el Decreto 952 de 1927 llamado "Ley de Emergencia" con el cual se abolió la tarifa aduanera de productos agrícolas, lo que generó una larga polémica en el país, porque, se aducía, había arruinado el sector agrario.

c. Manejo de la crisis fiscal después de la crisis de 1929

En el "Martes Negro" del 29 de octubre de 1929 se desplomó la Bolsa de Nueva York y entró en crisis el sistema económico mundial afectando naturalmente a Colombia, y aún más siendo este un país monoexportador de productos primarios.

En Colombia esta crisis se atendió con gran agudeza desempeñando un papel muy destacado Esteban Jaramillo. Para estudiar las medidas adoptadas antes y después de esta crisis se ha dividido en dos períodos: uno que comprende desde 1928 hasta septiembre de 1931, y dos, el comprendido entre 1931 (octubre) hasta 1934. Es de aclarar que Jaramillo estuvo en este último.

"Entre diciembre de 1928 y diciembre de 1931 las reservas internacionales cayeron en un 78.7%, el Banco de la República recogió el 63.4% de sus billetes en circulación y la oferta monetaria se vio restringida en un 48.6%. Las reservas internacionales, que a 1 de enero de 1929 ascendían a 65 millones de pesos, a diciembre de 1932 apenas ascendían a 16 millones, a pesar de que ya para ese entonces habían transcurrido varios meses de la implantación del control de cambios". (Restrepo, 2003, pág. 137). Esta fase fue descrita como "manejo ortodoxo de la crisis", por cuanto hubo pasividad en materia crediticia por parte de la banca comercial y el Banco Central adoptó una política pasiva en el redescuento en el tema crediticio para con la primera.

Una posibilidad que había para tratar de hacer frente a la crisis consistía en que el Banco de la República actuara por medio de una facultad legal, consistente en efectuar operaciones directamente con el público, a lo cual se había negado.

Otra característica de este período era la insistencia en mantener un presupuesto equilibrado, incluyendo tiempos en los que no era posible obtener crédito externo, sin advertir que en época de crisis era muy complejo la consecución de crédito externo, lo que tenía como consecuencia la mengua del gasto público cuando por la coyuntura más lo necesitaba, actuando como mecanismo anticíclico. En este período también es propia la insistencia del Presidente Olaya Herrera en no hacer mora en el pago de la deuda pública externa.

El Banco de la República insistía en no financiar el déficit presupuestal, pues consideraba que debía realizarse a través de deuda externa.

Además, se tenía como patrón el oro, del cual se tenían reservas que eran administradas por el Banco de la República, el cual emitía o contraía dichas reservas según las necesidades, pero no ejercía un papel anticíclico.

En cambio, en la fase de "manejo heterodoxo o pragmático" se caracteriza por el papel activo que el Estado desempeña en la economía, y esto se hace más visible cuando el Banco de la República, en el año de 1931, decide efectuar operaciones con el público, al cual accedió el sector cafetero. Con Jaramillo como funcionario del Gobierno, éste otorgó en concesión al Banco de la República las salinas de Zipaquirá y otras, a cambio de financiamiento; para el año de 1932 se aumentó considerablemente este financiamiento con el cual se le hizo frente a la crisis.

Además de estas actuaciones se establece un control del patrón oro, y se suspende la libre convertibilidad de la libra esterlina. El tan indeseado incumplimiento del pago de deuda se realiza.

Es en este mismo período en el que el Gobierno emitió bonos de deuda pública, representando un papel activo en la economía nacional, entró a intervenir para que se redujeran las tasas de interés que en ese momento estaban muy altas. Se creó igualmente una "especie de fondos de garantías" (Restrepo, 2003, pág. 144).

En conclusión, podemos decir que en esta época el Estado se hace consciente de su papel que debe desempeñar  en la economía, según el cual debe intervenir para entrar a hacer frente a las crisis, pues el mercado no soluciona por sí mismo sus depresiones. El Estado debe velar por que haya liquidez en el mercado y que los indicadores macroeconómicos no sufran drásticas cambios. Esto más que una lección era un hecho que había tenido que darse para que la economía volviera a tener una estabilidad y poder también controlar o tratar de prevenir consecuencias nefastas en lo social y político propias de una nación donde se prolonga una crisis económica.

d. Reforma tributaria de 1935

La reforma tributaria de 1935 es de gran importancia en Colombia por representar un paso adelante en el impuesto directo, que desde medados del siglo XIX se venía implantado muy tímidamente. La Ley más importante en este caso es la 78 de 1935, con complementaciones al año siguiente y que Tovar Zambrano sintetiza así: "Elevó la tarifa para las rentas altas al hacerlas pasar del 8 al 17% la tarifa mayor; modificó disposiciones sobre exenciones y deducciones, terminando con los abusos que permitían la evaporación de la renta gravable; incorporó el criterio de que la renta consolidada por la posesión de un capital debe gravarse más que la que se origina en el simple trabajo, por lo cual se creó el impuesto adicional sobre el valor patrimonio; se estableció así mismo el impuesto sobre exceso de utilidades como adicional de la renta; estableció procedimientos y normas para evitar los fraudes y las evasiones. Además, se modificó la Constitución Nacional para permitir la inspección de documentos privados con fines tributarios. En 1936 se reformó totalmente el impuesto de herencias, asignaciones y donaciones, introduciendo en este campo la tarifa progresiva y normas para evitar fraude y evasiones" (Citado por Restrepo, 2003, pág. 111).

Esta reforma hizo posible que la tributación directa (renta, patrimonio y excedente de utilidades) pasara de representar en el año de 1935 el 7.6% del ingreso corriente del Gobierno a significar el 27.7% en el año de 1940.

Esta Ley, pues, marca un derrotero en Colombia en materia de tributación directa, ya que desde el siglo XIX y aún en la Colonia se tenía como principal fuente fiscal los tributos indirectos y ya prácticamente desde la segunda mitad del siglo XIX y hasta bien entrado el XX el impuesto de aduana fue el más significativo para constituir los ingresos del Fisco, presentando una gran inestabilidad por hacerse depender del comercio internacional, además de generar inequidad e injusticia con las capas más humildes de la sociedad, como atrás quedó anotado.

BIBLIOGRAFÍA

Restrepo, Juan Camilo. HACIENDA PÚBLICA. Universidad Externado de Colombia. Colombia, 2003.

Nieto Arteta, Luis Eduardo. ECONOMÍA Y CULTURA EN LA HISTORIA DE COLOMBIA. El Áncora Editores, Colombia, 1996.

Tirado Mejía, Álvaro. INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA ECONÓMICA DE COLOMBIA. El Áncora Editores, Colombia, 2000.